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domingo, 10 de octubre de 2010

CUANDO EL ESTADO QUIERE IMPONER UNA IDEOLOGÍA


PARAGUAY TAMBIÉN SE SUMA A LA TIRANÍA DE LOS ESTADOS

EL ESTADO NO ES QUIÉN PARA IMPONER UNA EDUCACIÓN A LOS NIÑOS CONTRARIA A LAS CONVICCIONES DE LOS PADRES

El 2 de octubre pasado, con motivo de la concentración en defensa del matrimonio y la familia que tuvo lugar en Asunción, la Federación de Asociaciones de Padres de Alumnos de Instituciones Educativas del Paraguay(FEDAPAR) dio a conocer un comunicado rechazando el Marco Rector Pedagógico para la Educación Integral de la Sexualidad, elaborado por funcionarios del gobierno y representantes de la sexocracia internacional, el cual está a estudio del parlamento paraguayo y que constituye un plan de supresión de las verdades de orden natural.

El Marco Rector es un programa de políticas para implantar la perspectiva de género, que introduce elreconocimiento social y jurídico de la homosexualidad; implanta la llamada salud sexual y reproductiva(aborto, anticoncepción, esterilización); fomenta la banalización del uso del sexo en los adolescentes; revoca los derechos-deberes naturales de los padres a la educación de sus hijos, etc., conformando un conjunto de medidas tendientes a pervertir a los menores de edad en las escuelas. “La educación de la sexualidad, así como la formación en derechos humanos y otros temas que afectan directamente la construcción de la ciudadanía no pueden quedar reducidas al ámbito privado de la familia”, dice el texto.

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miércoles, 23 de diciembre de 2009

Nuevamente la inquisición gay


ARGENTINA: LA INQUISICIÓN GAY (XIX).

Fuentes: Propias; AICA, 22-12-09; Obispado de San Justo. Por Juan C. Sanahuja

Quieren impedir predicar la doctrina católica. Carta de Mons. Martini a la Cámara de Diputados. Ni matrimonio ni uniones civiles. La denuncia y la respuesta del obispo.

Mons. Baldomero Martini, obispo de San Justo (Pcia. de Buenos Aires) enfrenta una denuncia por discriminación a raíz de una carta que dirigió, el 4 de noviembre pasado, a la Cámara de Diputados de la Nación, en la que expuso la doctrina católica ante los intentos de legalización del mal llamado “matrimonio” homosexual. Denunciado ante el INADI (Instituto Nacional contra la discriminación, la xenofobia y el racismo), Mons. Martini respondió enérgicamente acusando a ese organismo oficial de impedir predicar la doctrina cristiana. Es la segunda vez que la inquisición gay actúa contra un obispo en Argentina, (vid NG 755).

La carta a la Cámara de Diputados

En la carta a la Cámara de Diputados, sobre los proyectos referidos a la pretensión de legalizar las uniones del mismo sexo con el status jurídico del matrimonio, el obispo de San Justo y su obispo auxiliar, Mons. Damián Santiago Bitar, afirman que “resulta obvio decir que cada cosa diferente debe tener su propia denominación. Por ejemplo, no se puede llamar perro indistintamente al gato y al perro; puesto que son dos animales diferentes. Ambos son mamíferos, vertebrados y cuadrúpedos, pero ¿qué duda cabe que un perro es un perro y un gato es un gato?, son dos realidades diferentes. Con relación a estos proyectos de ley, nos vemos en la obligación de explicar a los diputados firmantes de los mismos que, así como un perro no es un gato ni viceversa, la unión estable de un varón y una mujer abierta a la vida -desde siempre conocida como matrimonio, que deriva del latín matri munus, o sea “el oficio de la madre”-, es algo completamente diferente a cualquier otro tipo de unión con connotaciones sexuales. En las convivencias homosexuales va de suyo que no hay madre posible, ni nadie que realice su misión, tampoco hay marido ni mujer, no hay esposos, no hay hijos... En síntesis, no hay nada que tenga que ver con el matrimonio”. (…)

Continúan los obispos diciendo: “El bien común depende de las familias fundadas en verdaderos matrimonios. Y es esa función insustituible de bien común, la que justifica la regulación especial y privilegiada del matrimonio y la familia. En cambio, las uniones del mismo sexo, no sólo no edifican el bien común, sino que lo dificultan seriamente. Significan por definición: menos matrimonios, menos hijos, menos familias. Si ese efecto negativo fuera promovido por las leyes, ya no se podría hablar de “bien” común, sino que habría que calificarlo como una legislación que promueve el “mal común”. Lamentablemente debemos constatar que estamos en presencia de una decadencia moral, que cuando es profunda y estable, termina afectando la capacidad de percibir la realidad tal cual es. Por lo tanto, el bien común exige no legalizar ni promover estas uniones antimatrimoniales”.

Ni matrimonio ni uniones civiles

Mons. Martini y su obispo auxiliar, también refutan en la carta los argumentos utilizados para atentar contra el orden natural legislando sobre el “matrimonio homosexual”. Los argumentos esgrimidos por los obispos también son válidos frente al error malminorista de los que pretenden conformar al homosexualismo político con la inicua figura jurídica de las “uniones civiles”, aunque el lobby gay ya declaró que pretenden los mismos nombres y los mismos derechos, es decir, el mismo régimen que el verdadero matrimonio, incluyendo la adopción.

Ni razones de seguridad social, ni aquellas que hacen referencia a la adquisición y disposición de los bienes, justifican la legalización de uniones antinaturales. Todos los ciudadanos están protegidos por la legislación general que les garantiza esos derechos, dicen los obispos.

Recordamos que los homosexuales pretenden derechos especiales. La orientación sexual no crea derechos. (Vid. Declaración de la Santa Sede de 2006 en la ONU, NG 777)

Los obispos también recuerdan a los diputados que a todos nos juzgará el Justo Juez y que en el Juicio Universal, “no habrá inmunidad parlamentaria que valga”.

La denuncia y la respuesta del obispo

El 5 de noviembre, un particular denunció ante el INADI que “las declaraciones del eclesiástico en referencia al matrimonio de personas del mismo sexo resultan ser altamente discriminatorias”. El INADI aceptó la denuncia y emplazó al obispo a que en el término de 10 días ofrezca su descargo.

Mons. Martini respondió que el INADI es “un organismo de tercera o cuarta categoría”, que incurrió en “una flagrante violación al tratado de derecho internacional público suscripto entre la República Argentina y la Santa Sede”, que garantiza la predicación de la doctrina católica a todos los obispos y autoridades eclesiásticas. Martini reclamó además que “se tomen las medidas pertinentes, también contra los funcionarios del INADI que resulten responsables de tal violación”.

En la respuesta al INADI, el obispo afirma: “Que mis palabras se enmarcan en la enseñanza de la Iglesia es una verdad de Perogrullo. Basta leer en la Sagrada Biblia, tanto en el Antiguo Testamento, donde en el primer libro, el Génesis, se menciona la destrucción, por mano divina, de las ciudades de Sodoma y Gomorra, por la práctica de la homosexualidad por parte de sus habitantes. En el Nuevo Testamento son también muchas las referencias al tema, entre ellas las expresiones de San Pablo en la Carta a los Romanos. Pasando a textos más recientes del Magisterio Universal de la Iglesia, menciono el Catecismo de la Iglesia Católica (n° 2357 a 2359), y los documentos emanados de la Congregación para la Doctrina de la Fe, titulados: Carta sobre la atención pastoral a las personas homosexuales, del 1° de octubre de 1986; Algunas consideraciones concernientes a la Respuesta a propuestas de ley sobre la no discriminación de las personas homosexuales, del 23 de julio de 1992; y Consideraciones acerca de los proyectos de reconocimiento legal de las uniones entre personas homosexuales, del 31 de julio de 2003. Ofrezco como prueba de mis dichos, todos estos documentos, que prueban de modo indubitado, que las declaraciones que se me atribuyen, no son otra cosa que una divulgación de la doctrina de la Iglesia Católica”, y, citando al Catecismo de la Iglesia Católica n° 2358, dice: “‘Un número apreciable de hombres y mujeres presentan tendencias homosexuales profundamente radicadas. Esta inclinación, objetivamente desordenada, constituye para la mayoría de ellos una auténtica prueba. Deben ser acogidos con respeto, compasión y delicadeza. Se evitará, respecto a ellos, todo signo de discriminación injusta’. Va de suyo que hay discriminaciones que son justas. Por ejemplo, un ciego no puede pretender ser el arquero de la selección nacional de fútbol; y si lo pretendiera, no se le debería permitir tal deseo, sin que tal impedimento pueda ser calificado de ‘discriminatorio’”.

Vid. NG, La Inquisión gay, 841, 847, 872, 877, 880, 902, 954, 966, 978, entre otros. FIN, 22-12-09

domingo, 20 de diciembre de 2009

ANTIABORTISTAS A LA CÁRCEL


Antiabortistas a la cárcel por Juan Manuel de Prada, (ABC, Madrid, 19-12-09)

“PUES ahí lo tenemos: el aborto convertido en derecho; esto es, en bien jurídico amparado por la ley, que a partir de hoy se ocupará de velar por su protección efectiva y de remover cualquier obstáculo que trate de impedir su libre ejercicio. ¿Y qué son los médicos que invocan la objeción de conciencia para negarse a perpetrar un aborto o las universidades que se niegan a enseñar las técnicas para perpetrarlo, sino obstáculos que la ley se encargará de remover? Sospecho que ni siquiera los detractores de la nueva ley son capaces de vislumbrar su verdadero alcance: un médico que, a partir de hoy, rechace su participación en un aborto invocando la libertad de conciencia se convertirá ipso facto en un delincuente; y lo mismo le ocurrirá a una universidad que invoque la libertad de cátedra para excluir de su programa académico la enseñanza de las técnicas abortivas. Porque ni la libertad de conciencia ni la libertad de cátedra pueden ser baluartes contra el ejercicio de un derecho; y eso es el aborto a partir de hoy: el derecho a exterminar vidas inocentes porque nos da la real gana, en un acto de libre disposición. Y quien se oponga a la consecución de ese derecho será llamado, desde hoy, criminal.

Así actúa la lógica del mal: primero encumbra con desfachatez nominalista un crimen a la categoría de derecho; y, después, siguiendo un irreprochable método deductivo, califica de criminales a quienes estorban su libre ejercicio. Con los médicos que se nieguen a perpetrar abortos se elaborarán, por el momento, listas negras que dificulten su traslado y entorpezcan su promoción; pero esto es tan sólo el aperitivo de lo que viene después: en apenas unos años, los médicos antiabortistas -los pocos que para entonces queden- serán reos de delito y conducidos a la cárcel; las universidades que se nieguen a enseñar a sus alumnos cómo se trocea un feto serán clausuradas por orden gubernativa, y sus responsables enviados también a la cárcel. Así se cumplirá lo que Thoreau anticipaba en su opúsculo Desobediencia civil: «Bajo un Estado que encarcela injustamente, el lugar del hombre justo es la cárcel. Es la única casa en la que se puede permanecer con honor». Allí también estaremos, desde luego, quienes nos atrevamos con nuestra pluma a seguir calificando el aborto de crimen; que seremos, por cierto, muy pocos. Y, ante los ojos de la masa cretinizada, apareceremos, en efecto, como criminales que se oponen al progreso de la Humanidad (la mayúscula que no falte); y probablemente, mientras nos lleven esposados ante un juez, o mientras nos introduzcan en el furgón policial que nos conducirá a la celda, seremos vituperados y escupidos, como se suele hacer con los criminales más sórdidos.

Analicemos el modus operandi de la lógica del mal: un médico que se opusiera a que sus pacientes reciban una transfusión de sangre sería apartado de su puesto y conducido a la cárcel, pues estaría negándoles el derecho a la salud; lo mismo le ocurriría a un profesor que desde la cátedra se declarase contrario al acceso de las mujeres al mercado laboral. Ni la objeción de conciencia ni la libertad de cátedra pueden alegarse para amparar la conculcación de derechos. Y, desde el momento en que la ley institucionaliza el crimen, encumbrando el aborto a la categoría de derecho, el médico que se niega a perpetrarlo es como el médico que se niega a realizar una transfusión de sangre; el profesor que se niega a enseñar cómo se practica es como el profesor que se declara contrario al acceso de las mujeres al mercado laboral: criminales confesos sobre quienes debe caer el peso de la ley. Así ocurrirá, más temprano que tarde; y las cárceles se convertirán, como intuyó Thoreau, en la casa de los justos; de los pocos justos que, para entonces, aún no hayan flojeado en sus convicciones”.